El proceso de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno no va de cifras, aunque algunos, como Abascal o Feijóo, quieran reducir esta medida a un mero dato con el que provocar desconfianza y temor en la sociedad. En el fondo, solo hablamos de personas que ya viven entre nosotros y forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que siguen atrapadas en una situación administrativa que no refleja su realidad.
La aprobación de esta medida, que en su día también impulsó el Partido Popular, supone dar respuesta a algo que cualquiera puede comprobar en su entorno más cercano. Estas personas ya están aquí, conviven, contribuyen y sostienen cada día buena parte de nuestra economía, aunque muchas veces lo hagan en condiciones de precariedad, precisamente por no tener regularizada su situación.
Se trata, además, de un procedimiento reglado, con requisitos claros: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar un tiempo mínimo de permanencia, carecer de antecedentes penales y no suponer ningún riesgo para la seguridad.
Frente a los bulos que intentan distorsionar este debate, conviene recordar que es falso lo del “efecto llamada”, porque la medida no está pensada para nuevas llegadas, sino para quienes ya forman parte de nuestra sociedad. Tampoco es cierto que se obtenga la nacionalidad, que no existan controles o que se vaya a producir un colapso de los servicios públicos. La realidad demuestra que estas personas hacen un menor uso de los servicios sanitarios.
Regularizar, por tanto, no añade presión, sino que aporta orden, seguridad jurídica y estabilidad para que puedan acceder a derechos básicos y cumplir con sus obligaciones en igualdad de condiciones.
Esta medida cuenta, además, con una amplia legitimidad social, política y económica. Responde a una iniciativa respaldada por cientos de miles de firmas y por organizaciones sociales, y ha contado con un apoyo mayoritario en el Congreso. En este sentido, sectores como la agricultura, la construcción, el transporte o el turismo llevan tiempo reclamando soluciones que aporten estabilidad a una mano de obra que consideran imprescindible.
Nuestra provincia, con un modelo productivo basado en la agroindustria y los servicios, depende en gran medida del trabajo de estas personas. Regularizar su situación no es solo una cuestión de justicia, sino también una necesidad para el presente y el futuro de la economía almeriense.