La secretaria general del PSOE de Andalucía utiliza en el Parlamento una mascarilla transparente como gesto para reclamar al gobierno andaluz que atienda las necesidades específicas de este colectivo
El PSOE de Andalucía ha instado al gobierno andaluz a que facilite una comunicación más accesible a las personas con discapacidad auditiva, a través de recursos como las mascarillas transparentes. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha utilizado en el pleno del Parlamento una mascarilla transparente para visibilizar esta situación como gesto de apoyo a las miles de personas que demandan esta solución, que permite la lectura labiofacial.
“En esta nueva normalidad nadie puede quedarse atrás. Me sumo a la petición de Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España en Andalucía (AICE) y de personas con discapacidad auditiva de llevar mascarilla transparente para facilitar una comunicación accesible”. Así se ha pronunciado Díaz en sus redes sociales para reclamar a la Junta de Andalucía que les facilite este material y atienda las necesidades específicas de estas personas.
AICE reclamó la pasada semana al PSOE andaluz que impulsara esta iniciativa ante la falta de soluciones e instrucciones por parte del gobierno andaluz, por ejemplo en el ámbito educativo, pese a las numerosas reivindicaciones del alumnado.
El PSOE andaluz ha destacado que se trata de “una solución sencilla, que supone además garantizar los derechos de estas personas a la hora de acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones”. La Junta debe garantizar los recursos necesarios para el acceso a los servicios públicos, tanto desde el punto de vista tecnológico, como de instrucciones y recomendaciones, por ejemplo a la formación on line accesible, para que estas personas puedan desarrollar las clases telemáticas y los exámenes.
El PSOE- A ha reclamado al gobierno andaluz “una educación inclusiva, también on line, y que cumpla la ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que establece que son las administraciones públicas andaluzas las que deben dotar de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales que permitan su acceso y permanencia en el sistema educativo en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusión”.