El PSOE-A denuncia que Moreno Bonilla “no es capaz” como mando único de garantizar la seguridad en el retorno a las playas y el nuevo curso en septiembre

Juan Pablo Durán, parlamentario andaluz por Córdoba
Juan Pablo Durán, parlamentario andaluz por Córdoba

El parlamentario por Córdoba Juan Pablo Durán advierte de que los ayuntamientos costeros siguen sin instrucciones sobre la vigilancia de playas que debe funcionar desde el lunes entre sospechas “de enchufismo”, y exige al Gobierno de PP y Cs que presente ya su plan de vuelta al colegio con menos ratio y más docentes

El PSOE de Andalucía denuncia que llevamos casi una semana de mando único de Moreno Bonilla en la desescalada de la pandemia y la recuperación de la normalidad en la comunidad y “lo único que aporta es incertidumbre, inquietud, dudas y malestar”, porque “no es capaz” de resolver la movilidad entre provincias y el disfrute de las playas con seguridad y la preparación de vuelta al colegio en septiembre con garantías para niños, niñas, docentes y trabajadores educativos.

Desde el Grupo Socialista, el parlamentario autonómico por Córdoba Juan Pablo Durán ha criticado que los alcaldes y alcaldesas de la costa siguen sin recibir instrucción alguna sobre el plan de playas frente al coronavirus a pocos días de su puesta en marcha, según ha anunciado el Gobierno de la Junta. Ha censurado que los ayuntamientos del litoral no han sido informados de cómo ejecutar este programa ni “qué personas se les va a adjudicar para controlar los accesos y garantizar la seguridad” dentro de la iniciativa de vigilantes de playa que el Ejecutivo de PP y Cs se ha limitado a anunciar “a bombo y platillo”.

Durán ha subrayado que todo este plan de vigilancia de playas se está realizando con “opacidad sobre los adjudicatarios de los 3.000 contratos” previstos, incidiendo en que no se conocen los listados de demandantes y seleccionados “ni los baremos ni los procesos selectivos ni sus requisitos ni la evaluación de méritos”. “Sólo sabemos que parece que estos contratos se han realizado por orden de llegada”, ha afirmado, y ha recalcado que tanto “ocultismo apunta y huele a enchufismo flagrante”.

“Inquietud” educativa sin instrucciones sobre la vuelta al colegio

Igualmente, Juan Pablo Durán ha compartido desde el PSOE de Andalucía la “inquietud” de la comunidad educativa ante el inicio del curso lectivo en septiembre. Ha explicado que, “cuando más apoyo necesita la escuela pública y cuando el mando único de Moreno Bonilla debe dar certezas sobre la vuelta al colegio con garantías para la salud, seguimos sin saber cuál es el plan comprometido sobre el nuevo curso comprometido ante la Conferencia Sectorial de Educación por la Junta”, que, según ha lamentado, vuelve a dejar sobre los centros “y los hombros de sus equipos directivos y docentes” la responsabilidad de cumplir con las recomendaciones sanitarias ante el coronavirus.

El parlamentario socialista ha incidido en que los centros educativos aún no disponen de “protocolos para ponerse en marcha” y ha reclamado, como viene defendiendo el PSOE andaluz y ha expuesto la secretaria general, Susana Díaz, en sede parlamentaria, que “es necesario” reducir la ratio de alumnado por aula sobre todo en Infantil y Primaria con 20 escolares por clase como cifra obligatoria pero teniendo en cuenta que “lo ideal es 15”.

Ha reiterado que “no hay nada claro” mientras “el tiempo corre y hay miles de interinos esperando a conocer oferta completa de plazas docentes en Andalucía” como refuerzo ante las necesidades creadas por la pandemia, como ocurre con las empresas y plantillas de las aulas matinales, transporte escolar, comedores, actividades extraescolares, y el personal de apoyo a la integración y de intérpretes de signos.

Juan Pablo Durán ha afirmado que la “incertidumbre” de toda la comunidad educativa sobre el plan de seguridad para el nuevo curso educativo “que debe diseñar el mando único Moreno Bonilla” se incrementa ante la reclamación del Gobierno de la Junta y su consejero de Presidencia, Elías Bendodo, de 1.000 millones de euros al Gobierno de España para la vuelta al colegio, sin detallar el destino de estos recursos y justo cuando PP y Cs acaban de recortar 14,5 millones a la enseñanza pública en sus presupuestos para personal docente.

Salvar la renta mínima andaluza de la derecha

Juan Pablo Durán ha exigido desde el PSOE de Andalucía “rectificación y depuración de responsabilidades” en el Gobierno de Moreno Bonilla ante las cartas enviadas por la Dirección General de Servicios Sociales a alcaldes y alcaldesas con la orden de no tramitar las solicitudes de la renta mínima de inserción social en cuanto empiece a funcionar, la próxima semana, el ingreso mínimo vital impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para todo el país.

El dirigente regional socialista ha alertado de que el PP “no es de fiar” y, aunque votara a favor del ingreso mínimo vital en el Congreso, la orden de la Junta de paralizar la renta mínima andaluza en los ayuntamientos recuerda a lo que hizo el PP con la Ley de Dependencia. Ha explicado que la derecha apoyó la aprobación de la normativa de este derecho social y, cuando accedió al Gobierno de España en 2011 con Mariano Rajoy, dejó el gran titular de que “la Ley de Dependencia no es sostenible” y encargó al hoy presidente Moreno Bonilla, entonces secretario de Estado, “pegar un recorte espectacular” a la dependencia y dejar sin cotización al personal cuidador, sobre todo mujeres.

El representante autonómico socialista ha censurado que el PP “ha comenzado el tijeretazo a la renta mínima” antes incluso de la entrada en funcionamiento del ingreso mínimo vital, con la excusa “falsa” de que la prestación autonómica es incompatible con la estatal.

Durán ha exigido a Moreno Bonilla como mando único que rectifique su decisión de paralizar la ayuda andaluza y “no juegue con las necesidades de miles de andaluces y andaluzas” ni con los 140 millones de euros presupuestados para apoyar a unas 15.000 familias adjudicatarias en estos momentos de la renta mínima. Al mismo tiempo, ha demandado al presidente de la Junta la máxima diligencia para extender el nuevo derecho que supone el ingreso mínimo vital estatal como auténtico “salvavidas” de muchos hogares que han perdido su fuente de ingresos, sobre todo en estos tiempos de pandemia global, y precisan apoyo público hasta encontrar una oportunidad laboral.