Sale adelante la petición socialista de 35 horas semanales para funcionarios, aunque Cs se abstiene y el PP la respalda no convencido
El PSOE en el Ayuntamiento de Almería, a través de la concejala Adriana Valverde, ha defendido “una rebaja real, no limosnas” en el recibo del impuesto de bienes inmuebles para 2018, lo que implicaría la devolución de unos 21 euros a cada contribuyente, una medida que el Partido Popular y Ciudadanos han impedido con sus votos en el pleno –el primero ha votado en contra, mientras que el segundo se ha abstenido-.
Valverde ha considerado que “en otros asuntos, el Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, puede mentir más o menos impunemente ante la imposibilidad que tienen los ciudadanos de constatar de primera mano lo que dice” pero que, “en este caso, el equipo de gobierno ha quedado en evidencia cada vez que los almerienses han podido comprobar personalmente lo que tenían que pagar este año”.
“Reacciones de los almerienses ha habido muchas, pero todas han contenido como componente común el enfado, la frustración y la decepción con un alcalde que prometió una rebaja en el IBI que ha terminado por convertirse en una limosna. Señor alcalde, los almerienses no queremos limosnas, queremos derechos y pagar lo que no corresponde sin los abusos a los que se ha acostumbrado este equipo de gobierno del PP, al que recaudar le gusta mucho pero que luego, encima, es incapaz de gastarse 26,6 millones del presupuesto del año pasado en la ciudad”, ha subrayado.
De ese modo, ha continuado, “los almerienses lo que queremos es que, en lugar de 3 ridículos euros de media, nos devuelva a cada uno de nosotros los 21 euros más que son posibles el año que viene, de golpe”. Y que, además, “para ser justos, ordene la revisión de los valores catastrales de la capital para que cada cual pague lo que tiene que pagar realmente, que es lo que no está pasando ahora con las decisiones del PP adoptadas para todos por igual –para los que más y menos se han visto perjudicados por la crisis-”.
Comisión de expertos
Por ese motivo, los socialistas han instado a que el equipo de gobierno del Partido Popular “solicite a la Dirección General del Catastro el inicio de la revisión general de los valores catastrales del municipio de Almería, en virtud del artículo 28 de la Ley del Catastro Inmobiliario” que, como quedó claro en la reunión celebrada con representantes del Catastro en el Ayuntamiento, es posible independientemente de que a este organismo “le resulten más cómodas otras maneras de proceder o que el Ayuntamiento, por razones incomprensibles, no quiera que se realice”.
En segundo lugar, han solicitado que mientras que “se finalice la revisión de una nueva ponencia de valores, se aplique a los valores catastrales de la ciudad el coeficiente del 8% autorizado por el Gobierno de España a través del Real Decreto 3/2016 de 2 de diciembre de 2016” y que, “al mismo tiempo, dejen de hacer trampas en el Ayuntamiento y devuelvan el tipo impositivo municipal al 0,46, de modo que la bajada de los recibos sea realmente del 8% en 2018, en lugar del 1,5% progresivo planteado por el equipo de gobierno del Partido Popular”.
La bajada para llegar al 8% de una vez es posible, e implicaría la devolución en 2018 de unos 21 euros, y para que una posible reducción de ingresos no suponga una merma en la inversión municipal, y tal y como planteó el PSOE en el último Debate del Estado de la Ciudad, se ha pedido que esta rebaja se enmarque “en la constitución de una comisión de expertos que estudie los cambios necesarios en las ordenanzas fiscales de carácter municipal con el objetivo de configurar una fiscalidad más justa y progresiva”.
“No se trata, señores del equipo de gobierno, de que todo el mundo pague por igual siempre, sino de que el que tiene más, pague más; y el que tiene menos, pague menos. Lo contrario, lleva a un desequilibrio y a una injusticia que resultan inaceptables”, ha concluido Valverde. Una injusticia más que se suma a la que de que “en los últimos 8 años el Partido Popular haya subido el IBI en un 28% aproximadamente a los almerienses y que la capital se ha venido situando entre las 10 capitales de provincia a nivel nacional con el impuesto más alto”.
35 horas semanales para funcionarios
Por su parte, la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Consuelo Rumí, ha sido la encargada de defender la recuperación de las 35 horas semanales de trabajo para los casi 1.000 trabajadores municipales, una iniciativa que ha salido adelante aunque con la abstención del Cs y con un Partido Popular que, durante su intervención, ha evidenciado “que realmente no está de lado de los empleados públicos”. “Que tomen nota porque ha quedado claro que Partido Popular y Ciudadanos no están de su lado”, ha subrayado la edil socialista.
Esas posturas de abstención del Cs y a favor del PP, a pesar de que no lo considera una prioridad dado que, a su juicio, se han dado ya otros pasos, no son comprensibles cuando lo que se solicita “es la recuperación de un derecho de los trabajadores municipales” para lo que hay que instar que actúe al Gobierno de España, que es la administración competente.
Así, según ha subrayado, “no se solicita que se reduzca la jornada sino volver a los acuerdos preexistentes” antes de que el Gobierno de Rajoy, en 2012, impusiera la actual jornada laboral de 37,5 horas “con la excusa de la crisis”.
“No se sostiene esa decisión si atendemos a las explicaciones del Gobierno de España sobre que ya no estamos en crisis”, ha considerado Consuelo Rumí, antes de remarcar que se trató de “una decisión política que debe enmarcarse como el primer paso de recuperación de derechos que fueron recortados a los empleados públicos y que contribuiría a la generación de empleo, además de a mejorar la calidad de los servicios municipales”.
En ese sentido, desde la bancada socialista han detallado que la suspensión de la jornada laboral de 35 horas en su momento se supone que respondía a “una decisión temporal por circunstancias excepcionales, como establece el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público, y mantenerla tras la desaparición de estas causas significaría un incumplimiento de los pactos y acuerdos alcanzados con anterioridad”.
Para concluir con este asunto, Rumí ha evidenciado que la propuesta es completamente factible teniendo en cuenta “que no se justifica en la actualidad en la necesidad de contención de gasto público ni en la de ahorro económico ante la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Almería, que garantiza que la implantación de la medida no afectaría al cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad financiera y de equilibrio presupuestario que tiene la administración local”.
Segunda fase del Paseo Marítimo
Por otro lado, con respecto a la aprobación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento para la ejecución de la segunda fase del Paseo Marítimo, Pérez Navas ha explicado que la actuación costará a las arcas municipales más de 4 millones de euros –tres correspondientes a la expropiación de terrenos más 1 millón que dedicará a las propias obras-.
Dada la importante inversión a la que hace frente el Ayuntamiento, el portavoz socialista ha defendido que si la adjudicación de la obra logra finalmente una reducción de la cuantía inicialmente prevista, “se negocie con el Gobierno que la diferencia en el millón de euros que tiene que el abonar el Ayuntamiento sí o sí se destine a la regeneración de playas en la capital, como por ejemplo las de La Cañada o El Toyo, que están a la espera”.
Igualdad e Iglesia Católica
En otro orden de cosas, los socialistas también han respaldado el aumento en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 de la asignación destinada para la lucha contra la violencia de género y a las políticas de igualdad, que ha salido adelante por unanimidad; y a la solicitud de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que no ha sido aprobada por el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.